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No hemos encontrado el texto completo de la nota que leyó el portavos del Gobierno ante las cámaras de la televisión viernes 31 de Mayo. En esta crónica de El Mundo se citan trozos textualmente, que resaltamos. EL MUNDO, 1 de junio, 2002 El Gobierno llama «cobardes» a los obispos vascos y pide al Vaticano que actúe contra ellos
El malestar se concreta en un comunicado en el que llama «cobardes» a los tres obispos vascos y los acusa de buscar la «impunidad total de Batasuna y de los verdugos» y en la protesta oficial del Gobierno ante el Vaticano y ante la Conferencia Episcopal Española. Ayer por la tarde, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, convocó, por primera vez en la historia democrática, al nuncio embajador del Papa en España, Manuel Monteira, para mostrarle el «disgusto y malestar» del Gobierno con los tres obispos. Según la Oficina de Información Diplomática el excepcional gesto sirvió para que el Vaticano tome nota del «sentimiento» del Ejecutivo español por el contenido de la pastoral que critica la Ley de Partidos, insinúa la existencia de torturas en el País Vasco y lamenta la «imposición por el puro imperio de la ley». El ministro pidió a la Santa Sede un pronunciamiento expreso contra la pastoral que, según el Gobierno, puede servir para legitimar y justificar el terrorismo. En paralelo, el Ejecutivo dio orden para que el embajador español en el Vaticano, Carlos Abella, pida ser recibido en la Santa Sede para trasladar ese malestar. Protesta formal La misma noche del jueves, a instancias del propio presidente del Gobierno, José María Aznar, un miembro del Ejecutivo trasladó la protesta formal y oficial a monseñor Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal. Pocas horas después, la cúpula de la Iglesia española hizo público un comunicado que no valora el fondo de la pastoral y sólo se desmarca de su autoría. El Gobierno se dio ayer por satisfecho con esta nota en lo que respecta a la posición de la Iglesia, pero no renunció a arremeter públicamente contra los obispos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria. Lo hizo de forma solemne e inusual en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pío Cabanillas, sin esperar al turno de preguntas, leyó el duro comunicado del Gobierno que empieza señalando que «aprecia en su justa medida la nota de la Conferencia Episcopal porque sitúa en su adecuada dimensión y representatividad la pastoral». El Ejecutivo contrapone, a continuación, la legitimidad y representatividad de los autores de la pastoral con la de los partidos democráticos que apoyan la Ley de Partidos que permitirá la disolución de Batasuna y que representan al 93% de la voluntad popular española. «Los obispos responsables de esta pastoral se arrogan una representación de la que carecen, frente a la legitimidad contrastada de las instituciones y órganos competentes del Estado y pretenden hablar en nombre de sectores ciudadanos cuyas opciones políticas tienen el cauce de expresión adecuado en nuestro sistema democrático», asegura el comunicado del Gobierno. El ministro portavoz explicó que los obispos vascos respondieron con el silencio al Pacto de Estella que «buscaba la exclusión de los socialistas y del PP y la deslegitimación de las instituciones» y rechazaron expresamente el Pacto contra el Terrorismo firmado por los dos principales partidos. El comunicado del Ejecutivo añade que los obispos vascos se alinean en su pastoral «con las posiciones más radicales de descalificación de la Ley de Partidos desde el nacionalismo vasco. Sus consideraciones son un compendio exacto del argumentario nacionalista en contra de una iniciativa democrática apoyada abrumadoramente por el Congreso y que es el resultado de un intenso proceso de diálogo y acuerdo». El texto de la respuesta del Gobierno, en cuya elaboración intervino directamente José María Aznar, continúa mostrando «asombro» porque la pastoral «va más allá incluso» de lo que han ido las opiniones del resto de fuerzas políticas contrarias a la ley. Añade que «los obispos de las diócesis vascas abogan y defienden la impunidad total de Batasuna», al utilizar expresiones sobre la formación abertzale como «cualesquiera que sean sus relaciones con ETA». Según el Gobierno, «estos obispos advierten a los amenazados de que su situación puede empeorar con la Ley de Partidos; les invitan a la sumisión a sus verdugos, al silencio ante quienes les ofenden y colocan a la sociedad vasca en camino de la obediencia a la disciplina mafiosa que imponen ETA y sus cómplices». Termina asegurando que los obispos pretenden «la paz del silencio de las víctimas, de la impunidad de los verdugos, la paz de la humillación de una sociedad ante los que agreden su convivencia, la paz de los débiles y los cobardes, que no es la paz civil que debe buscar una sociedad democrática; ni es el escenario que la inmensa mayoría de los demócratas puede aceptar ni aceptará».
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