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El Correo5 de junio de 2002

A MIS OBISPOS

Carlos García de Andoin

Carlos García de Andoín es Licenciado en Teología y Psicologia. Es miembro del Consejo de Dirección de Iglesia Viva y responsable de formación de laicos en la diócesis de Bilbao. También es couator con Fernando Jáuregui del libro "Tender Puentes. PSOE y Mundo Cristiano", Desclée-Pablo Iglesias, 2001.

Está bien que los obispos contribuyan públicamente en nombre de la Iglesia a la causa de la paz; en los asuntos políticos se juega la suerte del proyecto de Dios. Además es bueno que su opinión se someta al propio debate democrático. No dudo del espíritu noble, responsable y prudente que ha guiado su reflexión. Les creo singularmente conscientes de que su ministerio es de comunión y que particularmente esto es necesario en el País Vasco, algo que, por cierto, echo en falta en el escrito de los 358 curas. La carta “Preparar la paz” condena con nitidez la violencia terrorista y dice que ETA debe desaparecer, invita a defender y proteger a las personas amenazadas, siendo esto “un banco de prueba de la calidad de nuestra fe”, denuncia con razón la incomunicación en que viven nuestros representantes políticos, apuesta decididamente por la tolerancia política y por la coexistencia pacífica de diferentes sensibilidades y planteamientos políticos. Todo esto y más está francamente bien planteado y dicho. Así pues imagino que vivirán la crítica política y mediática habida con sentimiento de ser incomprendidos o de ser eternamente prejuzgados. Quisiera con estas líneas exponer algunas claves y contenidos que debieran haber tenido presente los obispos para que un cristiano no nacionalista razonable y sin prejuicios se reconociera en ese camino de preparación de la paz que la pastoral propone.

La pastoral recoge bien y con buen enfoque la situación de amenaza de los ediles del PP y del PSOE, lo que esto significa de drama personal y familiar así como lo que implica de ataque a las bases del sistema democrático. Sin embargo este mensaje llega en un contexto político en el que lo central no es la posición de los agentes sociales y de la Iglesia acerca de los ediles sino la Ley de Partidos. La vivencia de comunidad amenazada que experimentan quienes son públicamente no nacionalistas y quienes se ven representados por ellos hace tiempo que alcanzó máxima gravedad. Ahí, hace ya un tiempo debiera haber habido alguna declaración, o mejor, algún gesto o acción de Iglesia, no puntual, sino suficientemente sostenido, público y específico. Por desgracia esa situación de persecución ha sido lejanamente vivida por la comunidad cristiana y por muchos de sus líderes. Es más, a no pocos les ha parecido hasta irreal. En alguna ocasión he dicho qué distinta sería la sensibilidad de la Iglesia si ETA hubiera matado a un obispo, si algunos líderes cristianos o sus familias hubieran muerto por su decidida militancia pública contra ETA, si cada fin de semana hubiera un atentado contra sagrarios y locales parroquiales, si a cada reunión o eucaristía hubiera de ir el cura acompañado de escoltas, .... que no sea así ...., pero es cierto: la Iglesia vive como en un arca de Noé, a salvo, y esto produce una notable diferencia de percepción y análisis de la realidad. Los obispos deben pensar seriamente por qué los nacionalistas consideran que están pisando tierra mientras que los no nacionalistas piensan que desconocen la realidad. La mayoría que algunos se atribuyen es muy exigua para que pueda ser considerada la visión natural de la realidad. Esto no es nuevo. Lizarra para unos cristianos fue gracia, esperanza y reconciliación, para otros significó persecución, desamparo y amenaza de exclusión.

Comparto las reservas de los obispos respecto a los efectos de la previsible ilegalización de Batasuna. La iniciativa del PP secundada y mejorada por el PSOE y CiU peca de premura e interés partidista. Soy de los que piensan que mejor hubiera sido esperar a que el bajón de votos se trasladara a los municipios, que Aralar tuviera su oportunidad, que después fruto de la Declaración cívica de Eudel llegara el desalojo de Batasuna del poder municipal y que lo uno y lo otro en el marco de una acción de unidad democrática acabara llevándoles a profundizar en la soledad, la irrelevancia y el aislamiento que habían empezado a sufrir. Ya habría tiempo para tomar nuevas iniciativas. Sin embargo creo que tal crítica a la ley de partidos para ser suficientemente ecuánime debiera haber sido precedida por tres afirmaciones. En primer lugar la crítica moral específica a Batasuna. Objetivamente se aprovecha de la democracia que combate. Cada día es mayor la intersección entre los agentes de la acción terrorista y la política. Unos apuntan otros matan. Unos actúan otros dan ideas. Todos se financian a todos. No es indiferente el tipo de vínculo entre ETA y Batasuna. ¿Qué reflexión crítica hace hoy la Iglesia a Batasuna? En efecto hay que tener una mano tendida que posibilite una salida, pero sin dejar de emplazar públicamente a Batasuna para que adquiera un liderazgo real y realista hacia el diálogo y la paz. Batasuna goza de un favor, no de un derecho. Se le está acabando el plazo pues ha frustrado demasiadas veces la esperanza de que un día llevaría a su mundo a la democracia. En segundo lugar, los obispos podían haber manifestado su acuerdo con los principios de la ley de partidos. En particular podían haber reconocido que la ley no persigue ideas políticas, como las independentistas, sino comportamientos que apoyan, que colaboran con el terrorismo y que lo legitiman. Es más, sorprende que su posición, que normalmente se sitúa en el orden de los principios, bascule tanto sobre el orden de las consecuencias futuras y la oportunidad política. Puede ser que la posible ilegalización sea contraproducente. Pero hay que dejar alguna puerta abierta a sus posibles efectos beneficiosos, por ejemplo, una transformación democrática de la izquierda abertzale, al menos por razones de supervivencia. Dependerá de la evolución de los acontecimientos en los próximos cuatro años.

Comparto con los obispos la defensa de tantos nacionalistas que se sienten justamente heridos cuando se confunde interesada y mezquinamente nacionalismo democrático con terrorismo. Sin embargo echo en falta en ellos una ecuanimidad para valorar también crítica y precisamente algunas de las iniciativas del nacionalismo democrático. El abandono del pacto estatutario por parte del nacionalismo a caballo de Lizarra es responsable de gran parte de la división y la confrontación social que padecemos. Eso requiere y de forma grave una interpelación cristiana al nacionalismo. Además el Estatuto es un camino democráticamente refrendado para encauzar los diversos conflictos. Decir que la paz no llegará aun cuando desaparezca ETA creo que es profundamente equívoco. La paz no es la ausencia de conflictos que siempre los hay y lo habrá en democracia, sino respeto a la pluralidad y democracia para resolverlos. ¿Por que no es posible defender éticamente el Estatuto y si criticar la ley de partidos?

Finalmente. Echo en falta un punto dedicado a las víctimas, como mínimo en el elenco final de la pastoral. Optar por la paz significa hacer Memoria cristiana de las víctimas. Propongo ilustrativamente una redacción. “Optar por la paz entraña hacer memoria de las víctimas. Hacer memoria de las víctimas es reconocer la vigencia de la injusticia causada, el sacrificio no debido sobre el que se construye la vida de una sociedad como la vasca. Además, es recordar a sus familiares como testimonio vivo contra la ley del Talión. Ellos podían haber continuado con la espiral de la violencia. La han detenido, hayan podido perdonar o no. Son también garantía de futuro democrático. Su recuerdo es una cláusula contra la eficacia política de la violencia. Ofrecemos la esperanza y el consuelo de la fe pues la radical injusticia cometida sólo puede ser reparada en la hipótesis de una acción de Dios dador de vida más allá de la historia”.

Tengo plena confianza en la aceptación por parte de mis obispos de esta crítica pública. Es necesario un debate público en el interior de la Iglesia sobre la posición de ésta en la normalización y pacificación del País Vasco, siguiendo la máxima de San Agustín: comunión en lo esencial, en lo opinable libertad y en todo caridad.

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